La cercanía de cada proceso electoral trae consigo la repentina conversión de intendentes mediocres en supuestos estadistas incomprendidos, con labores necesarias de continuidad.
Quienes durante cinco años convivieron con calles en pésimo estado, servicios deficientes, manipulación administrativa y promesas archivadas, aparecen nuevamente con discursos cargados de optimismo, asegurando que necesitan un periodo más para “seguir haciendo bien las cosas”, de instalar “modos” de gobernar. La primera obligación de una ciudadanía mínimamente inteligente no es aplaudir semejante relato, sino desconfiar de él. La democracia, y si se quiere el mismo sentido común, también exige la responsabilidad de contrastar palabras con hechos.
No existe propaganda capaz de modificar una realidad vivida diariamente por los ciudadanos. El asfalto que nunca llegó a los barrios no desaparece porque un spot en redes sociales muestre una avenida recientemente inaugurada. ¿Y lo de asfaltado de 2 kilómetros por día de hace tres años?
La recolección irregular de basura, la falta de planificación urbana, los espacios públicos abandonados, las promesas de transparencia convertidas en chistes y las obras eternamente anunciadas constituyen evidencias mucho más contundentes que cualquier discurso de campaña. Gobernar implica resultados verificables, no videítos replicados, ni interminables inauguraciones de pequeñas reparaciones exhibidas como si fueran la gran cosa.
Resulta legítimo preguntar qué lógica existe detrás de quienes solicitan cinco años más para concretar aquello que no fueron capaces de ejecutar durante cinco años completos. El rekutú debe tener mérito, más allá de la codicia por el dinero de los ciudadanos.
Si apenas cumplieron una parte de su programa de gobierno, ¿sobre qué fundamento pretenden convencer que ahora sí harán lo que antes no hicieron?
Los que repiten exactamente las mismas ofertas que formularon cuando buscaban su primer mandato toman por idiotas al ciudadano con un mínimo de inteligencia.
La memoria ciudadana, sin embargo, no debería ser tan frágil como esperan los estrategas electorales. Reelegir a mediocres, solo puede tener un resultado.
La reelección no puede convertirse en un premio a la ineficiencia ni en un mecanismo para completar tareas inconclusas por incapacidad, desinterés o ineptitud. Su razón de ser debería sustentarse en administraciones exitosas, proyectos plenamente desarrollados y transformaciones que justifiquen otorgar continuidad a una gestión que demostró capacidad para producir progreso tangible. Quien gobernó bien merece que se evalúe la posibilidad de continuar. Quien gobernó mal debe ir a su casa, o más apropiadamente a la cárcel.
En el mismo tenor, corresponde abandonar el error frecuente del electorado de votar resignadamente por que otra organización política cae mal o podría ser peor que el actual. Esa lógica ha sido una de las principales aliadas de la mediocridad política. Ninguna comunidad prospera cuando convierte la identidad partidaria en un salvoconducto para la incompetencia. Los colores no pavimentan calles, no mejoran hospitales, no ordenan ciudades ni administran correctamente el dinero de los contribuyentes. Lo hacen las personas capaces, honestas y eficientes.