Hablar de prevención de la violencia escolar, del acoso, del bullying y de la protección de niños, niñas y adolescentes, se ha convertido en una constante, como una moda generalizada. Se elaboran protocolos, reglamentos, manuales de procedimiento y se realizan capacitaciones destinadas a docentes, directivos y funcionarios de las instituciones educativas. Todo eso es necesario, pero pierde absolutamente su sentido cuando, llegado el momento de actuar, nadie cumple con lo que las propias normas establecen.
No alcanza con capacitarse, conocer los protocolos. No alcanza con llenar formularios, asistir a jornadas o exhibir reglamentos en las paredes de las instituciones. La verdadera prevención comienza cuando cada responsable asume que tiene el deber de actuar ante una señal de violencia, de acoso o de cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de un estudiante.
Los docentes y funcionarios que trabajan con niños, niñas y adolescentes reciben formación para reconocer situaciones de riesgo y saber cómo proceder. Los directivos tienen, además, responsabilidades específicas de supervisión y protección. Por eso, cuando ocurren hechos graves bajo la mirada de adultos responsables y luego se pretende minimizar lo sucedido, ocultarlo o presentarlo como un simple “problema entre alumnos”, queda expuesta la falla profunda de la ausencia de control y el incumplimiento del deber. La falta de voluntad es la peor violencia.
El bullying no desaparece porque se lo ignore. La violencia tampoco deja de existir porque se evite informar a los padres o porque se intente proteger el nombre de una institución. Al contrario, el silencio puede permitir que una situación aparentemente menor termine produciendo consecuencias irreparables.
La deuda pendiente no está en la falta de normas. Es más, Paraguay tiene reglamentos, protocolos y mecanismos de prevención completos. La deuda está en hacerlos cumplir. La comunidad educativa, debe entender que la custodia de los estudiantes no es una tarea secundaria ni una responsabilidad que pueda delegarse cuando resulta incómoda.
Cada institución educativa, sea del sector público o privado, debe convertirse en un espacio donde los padres tengan la certeza de que sus hijos están protegidos y donde cualquier señal de violencia será atendida con seriedad, rapidez y responsabilidad.
Prevenir no significa reaccionar después de una tragedia cuando se vuelve mediática o reclamada con vehemencia por padres de afectados. Prevenir significa estar atentos, controlar, intervenir a tiempo y cumplir con el deber.
Cuando existen normas claras pero quienes deben aplicarlas miran hacia otro lado, o argumentan que tienen “mucho trabajo” o no pueden con todo, el problema ya no es la falta de reglas, sino es la falta de responsabilidad y por sobre todo voluntad en cumplir con deberes y obligaciones. Y ahí lo que sí falta es reglar la voluntad, pues todo aquel que no quiere o no puede, debe trabajar en otro rubro.