En materia de salud previsional en nuestro país, pedir excelencia es un lujo; pero pedir lo mínimo debería ser una obligación innegociable.
Para el asegurado del Instituto de Previsión Social, incluso ese umbral básico se volvió una aspiración casi imposible, algo así como creer que una receta médica será sinónimo de medicamento disponible, o que un turno especializado no dependerá de influencias, favores y misteriosas gestiones paralelas.
El drama ya ni siquiera radica solamente en la precariedad del servicio, que por sí sola en cualquier nación del mundo sería grave, sino en la coexistencia obscena entre carencias y negociados. Porque donde falta lo esencial, curiosamente abunda lo selectivo.
Estudios que se adelantan para algunos, derivaciones milagrosas, cirugías que aparecen cuando hay padrinazgo, y silencios administrativos que funcionan mejor que cualquier anestesia institucional, no son irreales.
El asegurado común espera semanas, meses, resignaciones. El privilegiado espera una llamada.
No se trata de errores aislados ni de la típica ineficiencia burocrática latinoamericana; se trata de un sistema que aprendió a convivir con la desigualdad interna. Y cuando la desigualdad se vuelve regla dentro de un sistema de salud, deja de ser desorganización, pasa a ser negocio.
El Gobierno Nacional no puede seguir administrando este escenario como si fuese una molestia menor. La corrupción sanitaria no es un problema administrativo, es un problema moral y humano.
Cada medicamento ausente es un dolor prolongado. Cada estudio retrasado no es un trámite pendiente, es una enfermedad avanzando.
Tolerar autoridades incapaces de reducir estos vicios equivale a institucionalizar la injusticia y valorar la mediocridad.
La previsión social nació para eliminar la incertidumbre en el momento más vulnerable de la vida, que es la enfermedad. Cuando ocurre lo contrario, el Estado deja de ser protector y se vuelve un intermediario fallido entre el ciudadano y su propio sufrimiento.
Durante años el asegurado fue paciente en el consultorio, y paciente con las irregularidades. Pero esa paciencia social se agota. No se puede normalizar que la contribución obligatoria financie un sistema donde la atención depende menos de la gravedad clínica que de la cercanía política.
La salud previsional no necesita discursos de reforma permanente ni auditorías decorativas. Necesita funcionar.
Que haya médicos presentes, medicamentos disponibles, turnos reales y especialidades accesibles y correcto trato. Nada heroico. Nada épico. Apenas lo mínimo, lo básico.
Y si lo básico se convierte en privilegio, el sistema deja de ser previsional y pasa a ser una lotería financiada por los propios enfermos. No más paciencia.