Existe una verdad universal tan vigente como perjudicial, basada en que cambiar el nombre de una agrupación política no significa cambiar las prácticas que durante años han contaminado la administración municipal. Mucho menos puede pretenderse que los negociados construidos alrededor de autorizaciones, habilitaciones, permisos y modificaciones de ordenanzas desaparecieron simplemente porque cambiaron las autoridades de turno.
En Ciudad del Este, los vicios de siempre tienen la sorprendente capacidad de sobrevivencia.
La reciente queja de vecinos del barrio Boquerón II, relacionada con la construcción de un edificio que, según denuncian, no se ajustaría a las ordenanzas vigentes sobre uso de suelo, vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que no puede ser despachada con explicaciones burocráticas y legalismos de conveniencia. Si una obra incumple las normas, corresponde determinar quién autorizó, quién habilitó, quién fiscalizó y bajo qué criterios se permitió avanzar. Y si las normas fueron modificadas, flexibilizadas o interpretadas convenientemente, también corresponde conocer quiénes impulsaron esas decisiones y quiénes resultaron beneficiados.
La manipulación de las ordenanzas municipales, particularmente aquellas vinculadas con el uso de suelo y las autorizaciones para determinadas actividades, ha sido históricamente uno de los terrenos más fértiles para los negocios políticos. No hace falta inventar grandes mecanismos sofisticados, solo basta con convertir una excepción en regla, una autorización en favor, una modificación normativa en oportunidad comercial y una mayoría de concejales en garantía de impunidad.
Que algunos pretendan instalar la idea de que con las autoridades de Yo Creo terminaron los negociados municipales, es un chiste de muy mal gusto y una mentira tan enorme como el ego de sus referentes.
Los hechos que se denuncian demuestran, como mínimo, que las viejas prácticas siguen encontrando espacio dentro de la institución. Y eso incluye al Ejecutivo comunal, que no puede esconderse detrás de la burocracia cuando las autorizaciones, permisos y habilitaciones pasan necesariamente por sus dependencias.
La corrupción municipal tampoco se reduce a un solo expediente o a una determinada obra, pues en el Este, siguen presentes pedidos de coimas, planilleros, nombramientos políticos, el despilfarro del dinero ciudadano, el direccionamiento de adjudicaciones y una gestión mediocre más preocupada por administrar intereses políticos que por resolver los problemas de la ciudad.
Resulta bastante cómodo proclamarse diferente mientras se reproducen exactamente los mismos métodos que se prometió combatir. La corrupción no cambia de camiseta partidaria, ni desaparece por repetirse un discurso distinto, mientras se mete la mano en la lata. El negocio municipal solo tiene nuevos gerentes.