Cuando se repasan las estadísticas sobre secuestros en Paraguay atribuidos al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el balance destierra cualquier intento de discurso triunfalista. Los números, fríos e implacables, no resaltan precisamente la efectividad de las fuerzas del orden ni del Ministerio Público en la recuperación con vida de las víctimas.
En la mayoría de los casos, la liberación de secuestrados no fue consecuencia de una operación de inteligencia exitosa ni de un cerco investigativo consumado. Fue, más bien, el resultado del pago de rescates. Familias acorraladas por miserables bandidos y las normas que los impiden entregar lo que espectros piden, acrecientan incertidumbres, atemorizan comunidades y deja al Estado en el que llegó tarde o simplemente no llegó.
Este dato no es menor. Porque si el desenlace depende más del desembolso económico que del trabajo articulado entre la Policía Nacional, FTC y la Fiscalía, entonces se fomenta el nefasto negocio, para luego reaccionar cuando ya no hay mucho por qué pelear.
Es cierto que en la lucha contra la seudo guerrilla hubo operativos que culminaron con la eliminación de integrantes de organizaciones criminales. Esos resultados son presentados como avances en la desarticulación del grupo. Sin embargo, ¿cuántos plagiados fueron rescatados con vida gracias a una praxis investigativa eficiente y oportuna? La respuesta no admite excusas, ni optimismos desbordantes.
La gestión de secuestros requiere protocolos especializados, inteligencia financiera, infiltración estratégica y coordinación real entre instituciones. No basta con despliegues militares posteriores ni con conferencias de prensa que informen abatimientos. El objetivo central en un secuestro es la vida del rehén. Todo lo demás es secundario. Es inocuo si los hechos no se previenen.
Si el Estado logra neutralizar a miembros del EPP pero no garantiza la recuperación con vida de quienes fueron privados de libertad, el saldo sigue siendo dolorosamente insuficiente. Porque la victoria no se mide solo en bajas del crimen organizado, sino en vidas salvadas.
La ciudadanía necesita resultados verificables. Necesita confiar en que, ante el peor de los delitos, el aparato estatal actuará con eficacia técnica y no solo con fuerza reactiva. Las estadísticas actuales deberían servir como punto de inflexión para revisar protocolos, fortalecer capacidades investigativas y transparentar evaluaciones internas. Para ello se requiere inversión real, no aquella que exige porcentajes para jefes policiales y actores políticos.
El secuestro no puede seguir siendo una ruleta donde la libertad dependa del monto que se pueda pagar.
La lucha contra el EPP no se ganará únicamente en enfrentamientos armados, que en la práctica es casi nula, sino en la capacidad del Estado de prevenir, investigar y, sobre todo, rescatar con vida. Allí está la verdadera medida del éxito.