Augurar que el Instituto de Previsión Social mejorará únicamente por el impulso inicial de nuevas autoridades, es una afirmación en demasía optimista, rozando la ingenuidad. La experiencia demuestra que los cambios reales en instituciones corroídas no dependen exclusivamente de la voluntad de una cabeza visible, sino de la capacidad de depurar todo un entramado que, por años, ha normalizado prácticas contrarias al interés general. De hecho que la especialidad del nuevo titular previsional, es metafóricamente compatible con la gestión administrativa presente, esperándose que los resultados del “tratamiento”, puedan ser efectivos.
Es innegable que la dinámica y el sentido de patriotismo que pueda imprimir el nuevo titular del IPS constituyen señales alentadoras. Sin embargo, pretender que ello baste, sin intervenir con firmeza en los niveles intermedios y decisorios, es condenar a la institución a un reciclaje de frustraciones.
Donde persisten los mismos operadores, con idénticas mañas y prioridades, los resultados no cambian.
El ente previsional no se transformará mientras continúe siendo refugio de quienes han institucionalizado el lucro personal por encima del bienestar de los asegurados. Esa lógica perversa ha permitido que intereses particulares se incrusten en la toma de decisiones, desviando recursos, condicionando contrataciones y degradando la calidad del servicio que debería ser esencialmente humano y eficiente.
Resulta urgente, entonces, una verdadera “desinfección” institucional, extirpar lo que enferma.
No se trata de una caza de brujas, sino de una depuración racional y necesaria, que identifique y excluya a quienes no comulgan con criterios de transparencia, idoneidad y compromiso público. Mantenerlos en posiciones clave es, en los hechos, una forma de complicidad y que todo no salga de lo mediocre y denigrante para el asegurado.
Particularmente grave es la persistencia de redes que, al amparo de influencias políticas, convierten al IPS en un botín. Empresarios favorecidos por presiones indebidas, contratos direccionados y nombramientos de “ahijados” sin méritos, constituyen no solo una falta ética, sino un atentado directo contra la sostenibilidad del sistema previsional. Cada decisión tomada en función de intereses ajenos al bien común es un golpe más a la ciudadana.
La reconstrucción del instituto exige más que buenas intenciones. Requiere coraje institucional. Coraje para cortar vínculos impropios, para resistir presiones y para establecer un criterio innegociable donde la idoneidad moral e intelectual no sea opcional, sino condición básica.
Sin esa cirugía profunda, todo esfuerzo quedará reducido a un analgésico mientras hace metástasis el “paciente”. Con ella, en cambio, el IPS podría iniciar un camino real hacia la dignificación de su rol, recuperando ser un instrumento al servicio de sus asegurados, y no de intereses mezquinos que lo han debilitado durante demasiado tiempo.