La política clientelar no nació ayer, ni mucho menos se limita a un solo movimiento, partido o sector ideológico. Es una práctica tan vieja como degradante, pero que sigue plenamente vigente en tiempos donde muchos pretenden vender discursos de renovación, transparencia y cambio moral.
Pero la realidad cotidiana demuestra que los respaldos políticos continúan negociándose a cambio de cargos, favores y dinero público disfrazado de “espacios de trabajo”. Y esto es tan generalizado que nadie, pero nadie se escapa. Incluso aquellos que se auto-asignan ser “paladines de la justicia”, reserva moral de la política, pero son más de lo mismo.
No sorprende escuchar sobre dirigentes de base que abandonan una candidatura para sumarse a otra luego de “acuerdos”. Tampoco escandaliza demasiado saber que ciertos operadores exigen puestos en instituciones públicas como condición para movilizar gente o trabajar electoralmente. Lo que sí es grave es que ya ni siquiera se intenta disimular. La política se convirtió para muchos en una agencia de empleos partidarios donde el mérito, la capacidad o la preparación importan menos que la obediencia y la utilidad electoral.
En demasiados casos ni siquiera se busca un puesto para trabajar, sino un lugar desde donde cobrar sin trabajar. El viejo esquema del planillero, del asesor fantasma o del operador con salario estatal sigue intacto.
Los grandes “gestores” políticos no suelen gestionar progreso para la ciudadanía, sino cargos para su estructura. Fuerzan nombramientos, presionan administraciones y negocian espacios públicos para sostener aparatos electorales privados. Así se construyen lealtades artificiales, no por convicción ideológica ni compromiso con la comunidad, sino por dependencia económica.
Y aunque determinados conglomerados mediáticos intenten instalar que este fenómeno pertenece exclusivamente a un sector político específico, la honestidad obliga a decir que el problema atraviesa a todas las organizaciones. Algunos medios, curiosamente vinculados también a intereses comerciales y políticos, suelen mirar la corrupción con una conveniente selectividad moral. Denuncian con fuerza cuando el adversario negocia cargos, pero guardan prudente silencio cuando el beneficiado es un aliado.
Porque si de sinceridad se trata, nadie puede fingir sorpresa por una práctica común y generalizada. ¿O alguien realmente pretende creer que figuras como Carlos Portillo llegaron a determinados espacios institucionales de la Municipalidad de Ciudad del Este por capacidad técnica o intelectual sobresaliente? En la política paraguaya abundan los casos donde el criterio principal nunca fue la excelencia, sino la conveniencia.
Y eso también obliga a mencionar a la administración de Miguel Prieto, que tantas veces construyó su narrativa sobre la supuesta diferencia moral respecto a los partidos tradicionales, pero que terminó reproduciendo prácticas similares. El problema no son las siglas, son las personas y el sistema de prebendas que nadie parece realmente dispuesto a desmontar.
La tragedia es que este círculo vicioso termina siendo financiado por el ciudadano común. El contribuyente paga salarios, sostiene estructuras y mantiene operadores cuya principal función es hacer proselitismo para algún padrino político. Mientras tanto, los servicios públicos siguen deteriorados y las necesidades reales quedan relegadas.
Y aun así, cada campaña electoral reaparece el mismo libreto de todos. Promesas de cambio hechas por quienes llevan años negociando exactamente lo mismo que dicen combatir. Todo es negocio y casi todos negocian. La diferencia está apenas en quién administra momentáneamente la caja y quién espera turno para hacerlo.