Parece chiste, pero penosamente no lo es, pues los hechos de ayer y hoy son palpables. En Ciudad del Este la intendencia municipal posee la extraña capacidad de disolver responsabilidades penales. No importa cuán severas sean las observaciones de la Contraloría General de la República, ni cuántos indicios administrativos apunten a irregularidades, ni la cantidad de denuncias ante el Ministerio Público; al abandonar el sillón comunal, los pecados desaparecen con la misma facilidad con la que aparecieron los faltantes presupuestarios.
La capital del Alto Paraná ha visto repetirse el fenómeno con precisión casi matemática. Al menos tres jefes comunales fueron echados o empujados a renunciar tras escándalos de corrupción, desprolijidades administrativas o manejo discrecional de fondos públicos. Cada episodio fue presentado como un punto de inflexión moral, como el momento en que la institucionalidad reaccionaría y el Estado demostraría que el dinero del contribuyente no es botín político. Sin embargo, el final siempre resultó idéntico. El ciclo de intervención, destitución o renuncia… y luego, nada.
La peor consecuencia de administrar mal, o mejor dicho de robar, terminó siendo dejar el cargo antes de tiempo. No hay condenas ejemplares, ni resarcimientos, ni sanciones proporcionales al daño causado. La responsabilidad política reemplaza a la penal y se pretende que la salida del despacho equivalga a reparación social. Pero no lo es. El dinero desaparecido no vuelve por decreto.
La intervención municipal se convirtió así en una suerte de purgatorio burocrático que limpia expedientes sin limpiar conductas. El funcionario cae, la estructura se reordena y la ciudadanía vuelve a empezar desde la resignación. Mientras tanto, el contribuyente, ese financiador obligado de experimentos administrativos, sigue pagando impuestos cada vez más altos para sostener un sistema que carece de la única herramienta verdaderamente disuasiva que es la certeza del castigo para el que obra mal.
El mensaje es hasta pedagógico, pues la falta de sanción es una invitación para mercenarios. Si el máximo castigo por el manejo irregular de recursos públicos es abandonar el cargo, la corrupción deja de ser delito para transformarse en riesgo profesional menor. Se instala la idea de que el poder municipal concede inmunidad práctica, y que la peor sanción posible es la pérdida temporal de influencia, nunca la pérdida de libertad.
La impunidad termina siendo un premio inmerecido, porque muchos responsables continúan su vida política o empresarial sin consecuencias reales. La función pública, entonces, deja de ser servicio para convertirse en inversión de alto rendimiento, baja penalidad.
Esta magia debe terminar. La destitución es necesaria, pero insuficiente. El destino natural de quien roba al erario no es el silencio posterior ni el reciclaje partidario, sino la Justicia penal.
Mientras la cárcel siga siendo una hipótesis y no una consecuencia concreta para el corrupto municipal, Ciudad del Este seguirá enseñando por repetición que delinquir desde el poder sale gratis.