Pese a ideas promocionadas desde curules de falsos inmaculados, la corrupción no tiene color partidario, y tampoco la impunidad posee una sola camiseta.
El más grave error de la oposición ha sido dar prioridad a instalar el relato de que únicamente un sector político gozaba de protección absoluta, mientras que los demás “no tradicionales” representaban la reserva moral de la República. Pero la realidad, por imperfecta que aún sea, demuestra que los hechos objetivos terminan imponiéndose sobre los discursos.
La justicia paraguaya sigue teniendo enormes deudas con la ciudadanía, pero resulta innegable que dirigentes identificados con el oficialismo colorado también están siendo investigados, imputados, procesados e incluso condenados cuando existen elementos suficientes para sostener las acusaciones. Los ejemplos recientes son elocuentes, incuestionables. El caso del exdiputado Orlando Arévalo terminó con una condena judicial por corrupción, mientras que el exgobernador de Central, Hugo Javier González, también fue condenado por el desvío de fondos públicos. A ello se suma la reactivación del proceso penal contra el senador colorado Hernán Rivas, luego que la Corte Suprema dejara sin efecto el sobreseimiento que lo había favorecido y ordenara la continuidad del juicio por el presunto uso de documentos públicos de contenido falso. La imputación de ex-presidentes del Instituto de Previsión Social, también suman a contradecir el discurso sobre que la impunidad prevalece para los cercanos al coloradismo.
Estos antecedentes evidencian que, aunque todavía insuficiente, existen causas que avanzan incluso cuando los involucrados pertenecen al partido de gobierno. ¿Es suficiente? De ninguna manera. La ciudadanía reclama una justicia mucho más rápida, independiente y severa frente a cualquier hecho de corrupción o crimen organizado. Todavía existen privilegios, demoras inexplicables y procesos que parecen caminar con distinta velocidad según el peso político del acusado. Pero sería igualmente deshonesto sostener que absolutamente nada ocurre cuando los investigados son colorados. Negar esos avances solo porque no encajan en un determinado discurso político equivale a construir una narrativa tan manipuladora como aquella que pretende justificar los actos de corrupción de los propios aliados.
Y allí aparece la mayor contradicción de buena parte de la oposición. Sus dirigentes levantan con frecuencia las banderas de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el combate a la narcopolítica. El problema surge cuando esas mismas exigencias deben aplicarse puertas adentro. Entonces aparecen los silencios, las justificaciones, las teorías conspirativas y los intentos de convertir a imputados y procesados en supuestas víctimas de persecución política. Que lo diga Prieto y secuaces.
La vara moral cambia según la filiación partidaria del acusado, exactamente el mismo vicio que tanto cuestionan. Combatir la corrupción exige coherencia, no oportunismo. No alcanza con denunciar los pecados ajenos mientras se minimiza la podredumbre de los propios.
Si la oposición realmente pretende presentarse como alternativa ética, debe empezar por demostrar con hechos aquello que proclama en sus discursos. Jueces de pecados ajenos, protectores de los propios, no cambian nada.
La justicia debe alcanzar a todos por igual. Obviar a corruptos propios por afinidad, es miserable y no sirve para levantar ninguna bandera de diferencia.