Siempre hay quienes creen que el periodismo debe ser útil solo cuando aplaude, calla y se somete. Pero cuando las publicaciones exponen realidades incómodas, aparecen los ataques de siempre, fundados en el intento desesperado de desacreditar, amordazar y convertir al denunciante en supuesto victimario.
Es la vieja práctica de quienes, antes que demostrar inocencia, buscan silenciar la verdad.
El caso de la maquiladora Hoahi vuelve a dejar al descubierto esa preocupante conducta. En vez de aclarar las graves denuncias realizadas por funcionarios que aseguran haber padecido explotación laboral, malos tratos y remuneraciones no acordes a las tareas desempeñadas, se apunta a intentar bloquear publicaciones periodísticas y utilizar mecanismos legales como herramientas intimidatorias contra quienes simplemente hicieron visible una situación denunciada públicamente.
La prioridad es no corregir irregularidades, sino proteger una imagen corporativa artificial.
No es el primer caso, y difícilmente será el último. Cada vez que determinados sectores se sienten afectados por publicaciones reales, recurren al libreto habitual de hablar de persecución, acusar campañas malintencionadas y pretender borrar contenidos de plataformas digitales, como si eliminando notas desaparecieran también los hechos denunciados. Pero la verdad no se extingue por decreto, ni se tapa el sol con un dedo.
Resulta aún más preocupante la tibieza de algunas instituciones encargadas de velar por los derechos laborales y la protección de los trabajadores paraguayos. No basta con escuchar, abrir expedientes o esconderse detrás de interminables legalismos burocráticos que muchas veces tiene el fin de suavizar sanciones o dilatar responsabilidades. Cuando existen denuncias serias sobre atropellos humanos y laborales, el Estado no puede limitarse a ser un espectador administrativo.
Paraguay no puede convertirse en territorio donde algunos crean que, por invertir o instalar fábricas, tienen licencia para humillar al trabajador nacional, desconocer derechos básicos o colocarse por encima de las leyes.
El capital jamás debe tener más valor que la dignidad humana. Ningún extranjero, empresario o grupo económico puede asumir una posición de superioridad moral o legal frente al ciudadano que trabaja honestamente.
El periodismo auténtico incomoda precisamente porque muestra aquello que muchos desean ocultar. Y aunque existan intentos de censura disfrazados de acciones legales y discursos sobre supuestos daños a la imagen, la realidad sigue siendo la realidad.
En tiempos donde la información circula con rapidez y donde las víctimas encuentran espacios para denunciar abusos, el autoritarismo disfrazado de formalidad resulta sencillamente imperdonable.
Hay prioridades, y una de ellas es innatamente protegida: la dignidad humana, y ello es innegociable e incensurable.