Se hizo una malísima costumbre en Ciudad del Este confundir la ocupación de un espacio con el derecho de propiedad sobre él. Esa distorsión ha convertido al microcentro en una suerte de territorio fragmentado, donde cada sector parece convencido de que determinada calle, avenida, vereda o esquina le pertenece por derecho adquirido.
Pero es importante recordar la verdad elemental que el centro esteño no pertenece a ningún gremio, a ningún grupo de trabajadores, a ninguna empresa publicitaria ni a ninguna organización en particular. Pertenece a la ciudadanía. Pertenece a todos.
Por décadas se ha hablado de la necesidad de ordenar el corazón comercial de Ciudad del Este. Cada administración municipal promete hacerlo, pero pocas, o mejor, nadie se anima siquiera a intentarlo. Y cuando surge alguna medida puntual, inmediatamente aparecen voces que la presentan como un ataque contra tal o cual sector, desviando la discusión de fondo con amenazas.
Si se decide retirar cartelería irregular, la medida será insuficiente si no se acompaña con el ordenamiento de otros espacios ocupados indebidamente. De poco servirá despejar la vista si continúan bloqueándose calles, avenidas y veredas. De nada servirá eliminar estructuras visuales si persiste la apropiación de espacios públicos por parte de quienes consideran que la ciudad debe adaptarse a sus intereses particulares.
El debate nunca debería centrarse en las personas que trabajan, pues nadie cuestiona el derecho al trabajo. Lo que se cuestiona es el supuesto derecho a apropiarse de espacios que pertenecen al conjunto de la sociedad. Son cuestiones completamente distintas.
El vendedor, el cambista, el transportista, el comerciante y el publicista tienen pleno derecho a desarrollar actividades lícitas. Lo que no existe es el derecho a convertir bienes públicos en extensiones privadas de sus respectivos intereses. Las calles son calles. Las avenidas son avenidas. Las veredas son veredas. Y los espacios públicos son precisamente eso, públicos.
La falta de orden no favorece a la ciudadanía. Favorece a la informalidad, al privilegio, al chantaje, y por sobre todo a la coima.
Cuando las reglas dejan de aplicarse para todos, inevitablemente aparecen quienes encuentran beneficios en la discrecionalidad y en la ausencia de controles. Cobrar canon por usurpar espacios públicos no es formalización, es solo institucionalizar lo indebido a cambio de dinero.
Muchos de los que se oponen a cualquier intento de organización urbana invocan permanentemente el interés ciudadano, cuando en realidad lo que buscan es preservar situaciones que les resultan convenientes. El desorden suele ser un excelente negocio para algunos, aunque represente una enorme carga para la mayoría.
Ordenar el microcentro no debe ser visto como una agresión, sino como una obligación. Una ciudad moderna no puede funcionar sobre la base de excepciones permanentes ni de ocupaciones toleradas por costumbre. El paso del tiempo no convierte una irregularidad en un derecho.
Y si las autoridades municipales carecen del coraje político necesario para iniciar un proceso serio de recuperación y ordenamiento de los espacios públicos, entonces corresponderá que intervengan las autoridades nacionales dentro de sus respectivas competencias.
El interés general debe estar por encima de cualquier presión sectorial.
Al final, la discusión es mucho más sencilla de lo que algunos pretenden. El microcentro no tiene dueños. Los únicos propietarios legítimos de los espacios públicos son los ciudadanos, pese a pagarse a funcionarios para prevalecer el interés particular por sobre el comunitario.