El Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, celebrado cada 18 de agosto, es un evento planetario para recordar, con crudeza, que el fuego no conoce fronteras, no distingue entre países ricos o pobres y, cuando adquiere dimensiones incontrolables, puede convertirse en una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Bosques, viviendas, cultivos, animales e incluso vidas humanas quedan a merced de las llamas que, una vez desatadas, pueden superar la capacidad de respuesta de comunidades enteras.
La realidad que enfrenta actualmente buena parte de Europa es una muestra dramática. Francia, España, Grecia, Croacia, Portugal y otros países soportan incendios de enorme magnitud, en medio de temperaturas extremas, sequías y condiciones que favorecen una propagación extraordinariamente rápida. En Grecia, un incendio en la isla de Salamina dejó dos personas fallecidas y obligó a evacuar a más de 500 habitantes. En Bélgica, un incendio de dimensiones inéditas en la reserva de High Fens ha consumido alrededor de 3.000 hectáreas y amenaza incluso con avanzar hacia Alemania. Francia, entretanto, enfrenta las consecuencias de incendios que han destruido decenas de miles de hectáreas y obligado a evacuar a cientos de miles de personas.
Cuando las llamas alcanzan determinada magnitud, ya no basta con disponer de bomberos, camiones, aviones hidrantes o helicópteros. Todos esos recursos son indispensables, pero existen situaciones en las que sencillamente el fuego supera la capacidad humana de control. El viento cambia, la vegetación seca se convierte en combustible y el calor genera condiciones que permiten que las llamas avancen con una velocidad aterradora. Por eso, frente a los grandes incendios, la prevención vale muchísimo más que cualquier operativo de emergencia.
Y aquí aparece una responsabilidad que no puede ser delegada exclusivamente en los gobiernos o en los cuerpos de bomberos. Una enorme cantidad de incendios tiene origen humano. Una quema aparentemente insignificante, una colilla arrojada irresponsablemente, la limpieza de un terreno mediante fuego o una práctica agrícola realizada sin las debidas precauciones pueden terminar provocando una tragedia ambiental.
Paraguay tampoco es ajeno a esta realidad. Los incendios forestales aparecen periódicamente y dejan daños que muchas veces no pueden ser reparados durante décadas. Los registros del Instituto Forestal Nacional muestran datos altos y daños profundos. Solamente en 2023 fueron contabilizados 11.088 fuegos activos, mientras que entre 2019 y 2022 las superficies quemadas estimadas llegaron a millones de hectáreas. En los años posteriores poco ha variado.
No se trata solamente de árboles que desaparecen. Se destruyen hábitats, muere fauna, se degrada el suelo, se contamina el aire y se comprometen recursos hídricos. También se perjudica la producción agropecuaria y, cuando el humo alcanza zonas pobladas, se afecta directamente la calidad de vida de las personas.
En el Alto Paraná conocemos demasiado bien esta realidad. Cada temporada de sequedad vuelve a colocar al departamento frente al riesgo de incendios forestales, rurales y urbanos. Y cada vez debería quedar más claro que apagar el fuego es la última instancia de una responsabilidad que comienza evitando provocarlo.
La conciencia ciudadana es, en definitiva, el primer y más efectivo cuerpo de bomberos.