En una sociedad poco acostumbrada a liderazgos realmente positivos, donde la urgencia cotidiana no admite dilaciones, resulta imperioso recordar que la función de las autoridades locales y regionales no es la de administrar simpatías, sino la de gestionar soluciones.
La ciudadanía no elige animadores de campañas permanentes o tiktokers, sino representantes con la responsabilidad concreta de canalizar problemas y obtener respuestas, sobre todo cuando estas dependen de instancias superiores o de relaciones internacionales.
La típica fragmentación política, lo de “cada quien por su lado”, lejos de ser excusa, debería ser estímulo para demostrar madurez. Gobernar implica articular, coordinar y, cuando corresponde, golpear puertas fuera del ámbito propio.
Ninguna diferencia partidaria, ni cálculo electoral, puede justificar la inacción frente a sectores que reclaman condiciones mínimas para trabajar con dignidad.
Un ejemplo reciente es el de los transportistas alternativos del Este, quienes, lejos de seguir en la tentación de soluciones improvisadas venidas de promesas de campaña, exigieron a sus autoridades, Gobernación e Intendencia de Ciudad del Este, asumir el rol que les corresponde, trasladando sus inquietudes ante disposiciones arbitrarias del Brasil que afectan directamente su actividad diaria en el cruce hacia Foz de Iguazú. Esa es la vía. No hay atajos legítimos cuando se trata de derechos y regulaciones que exceden la jurisdicción local.
La institucionalidad, tantas veces vapuleada por la improvisación y el oportunismo, es la única herramienta válida para lograr resultados reales y sostenibles. Lo demás, reuniones sin agenda ni consecuencias, fotografías de ocasión, promesas difusas, no pasa de ser utilería electoral de charlatanes. Ya no se debe dejar persuadir por manipuladores que prometen soluciones mágicas a asuntos que ni siquiera conocen a cabalidad.
Resulta preocupante observar cómo algunos precandidatos pretenden sustituir la gestión efectiva con encuentros vacíos, donde la escenografía prima sobre el contenido. Se conversa mucho, se decide nada. Y en ese vacío, quienes verdaderamente necesitan respuestas quedan relegados a espectadores de una obra que no eligieron protagonizar.
La ciudadanía, ya no puede limitarse a la queja. Debe ejercer presión legítima, exigir rendición de cuentas y, sobre todo, orientar sus demandas hacia quienes tienen la obligación de actuar.
Forzar la acción institucional no es un acto de confrontación, sino de responsabilidad cívica. Y cuando los problemas trascienden lo local, corresponde a las autoridades escalar esos reclamos hasta las instancias pertinentes, con firmeza y sin excusas. No se desconoce la autonomía de naciones a la hora de fijar prohibiciones y habilitaciones, pero existen condiciones de diálogos y modificaciones planteados desde los niveles apropiados, no desde la propaganda de mentirosos.
En definitiva, la política que sirve no es la que se acomoda a las conveniencias del calendario electoral, sino la que responde, con hechos, a las necesidades concretas de la gente. Todo lo demás es ruido que jamás construye soluciones.