Desde el momento en que dejó de ser excepcional errores investigativos del Ministerio Público, indicados por la Policía Nacional, se ingresó a una zona más de peligro que de protección de derechos. Y teniendo en cuenta que la inseguridad campea, y la confianza ciudadana en las instituciones se desmorona a diario, los “errores” en la identificación de presuntos delincuentes no son una simple anécdota, son, en efecto, tragedias.
Recientemente se expuso un caso más en la ya larga lista de personas inocentes expuestas como culpables, detenidas, humilladas, y señaladas por una investigación policial y fiscal que ni siquiera alcanzó el umbral mínimo de rigor y profesionalismo.
No basta con decir que fue un error y terminó lo grotesco, porque detrás de ese “error” hay rostros, familias, vidas rotas y una reputación manchada públicamente.
El daño no se borra con una disculpa privada, ni con el paso del tiempo. Y para completar lo grave de episodios así, los medios de comunicación, que por lo general repiten mismas deficiencias, son ligeros para juzgar y lentos para pasar noticias por filtros éticos.
Mientras un inocente es apuntado por componentes de la justicia, y el verdadero delincuente sigue libre, se fortalece la infamia como norma.
Esto no debe solo ser tomado con espanto momentáneo, debe abrir una discusión urgente y profunda sobre la calidad del trabajo investigativo que realizan muchos agentes fiscales y policías. Si lo básico no es sostenido como praxis, entonces el error no es tan inocente. ¿Dónde queda el principio de responsabilidad? ¿Quién evalúa la ética y competencia de quienes cargan con la enorme tarea de protegernos?. Preguntas que no son solo para que quede en el aire, sino para ser respondidas con acción.
Se debe exigir que toda persona señalada erróneamente como criminal sea debidamente resarcida. Y, más aún, que los agentes responsables de tan grosero error, sea por negligencia, desidia o ineficiencia, enfrenten sanciones reales, sin necesidad de burocracias que los envisten con impunidad.
No puede seguir siendo normal que se arruinen vidas por una investigación floja, plagada de suposiciones y carente de pruebas serias. De hecho que ello tampoco debe prosperar ante órganos jurisdiccionales.
La realidad demuestra que, en demasiadas ocasiones, los organismos encargados de la seguridad pública se valen de sus prerrogativas para atropellar derechos, con una ligereza que asusta. Parecen más enfocados en mostrar “resultados” rápidos, aunque sean falsos, que en hallar la verdad.
No se plantea perfecciones, pero sí perfeccionismo en algo tan delicado como buscar determinar culpables de hechos ilegales. Errar es humano, dicen, pero cuando el error es sistemático, recurrente y sin consecuencias, deja de ser inocente y se convierte en una herramienta más de injusticia.
Debería dar vergüenza a todo el sistema judicial, que crasos errores investigativos se repitan con tal frecuencia. Pues mientras el inocente paga las consecuencias, el criminal celebra impune, se denigra la esencia de la Justicia.