Por si cabe alguna duda en torno a lo que implica la corrupción, esta se relaciona por lo general al incorrecto uso por parte de un funcionario, de su autoridad y de los derechos que se le confían como tal. De la misma forma se refiere a las oportunidades, conexiones para beneficio de índole personal, contrario a la ley y los principios morales logradas mediante influencias de funciones o autoridades.
Este desvalor se resume en abuso de poder para bien propio o de grupos cercanos, rompiendo normas éticas y legales. Y en efecto, la corrupción de otro no exime de culpa a la propia.
Sin lugar a dudas la selectividad de la justicia es notoria, pues cae como una pluma sobre abusadores consuetudinarios de poder, corruptos por naturaleza, mientras que aplasta a también malhechores del poder político. En teoría, el que roba mil es igual al que roba un millón, al menos para las de la ley.
Las voces disidentes forman parte de democracias, pero ello no atenúa pecados copiados de malvivientes de alta monta. Eludir culpabilidades por similares conductas indebidas no es del todo válido cuando alguien manchado se presenta como inmaculado.
No es menos cierto que no existe autoridad moral para ser juzgadores, pues se es juez de rateros siendo mafiosos. La afiliación partidaria no puede seguir siendo la capa de protección ante la ley, y promotor de impunidad plena.
Mandar a la hoguera a pillines y hacer mutis cuando sucios amigos diputados y senadores son apuntados como vinculados con el crimen organizado, es una hipocresía totalmente interesada.
De la misma forma, los votos no legitiman malvivencias, o ser opositor no es suficiente para sacar pecho por integridades que se dice tener, pero se viste la misma ropa hedionda de lo no correcto.
La corrupción sigue siendo selectiva para mentes criminales, pero no ante realidades. Autoprotecciones son de mafias, sin términos medios.
En la práctica, son pocas las verdaderas víctimas de lo injusto en materia de sanciones políticas, pues la generalidad de malvivencia los coloca en bolsas distintas, pero con los mismos rótulos de poca decencia.
Ser experto en retórica, pero no poder despejar dudas sobre tráficos de influencias, es también hipocresía, pues enjuiciadores no son más que espurios representantes de un pueblo en demasía quieto.
Un hecho no correcto, independientemente a quien lo comete, sigue siendo incorrecto. Juzgar solo a los que no son del agrado de patrones, es igualmente traficar influencia para acallar, no cumpliéndose con propósitos legales y menos morales.
La dolencia de lo inmoral en el Paraguay es exponencial, sin demasiada excepción a la vista, por lo que argumentos y contraargumentos no tienen sustentabilidad. La prostituida política paraguaya no es selectiva, es generalizada. Esto solo podrá cambiar cuando el pueblo íntegro, exija concordantes conductas y elija sin fanatismo ni rencores a quienes desarrollarán el poder para bien general.