“Hendy” ya no es una expresión coloquial para exagerar. Es una descripción precisa de lo que se vive a diario en Ciudad del Este y en todo el departamento de Alto Paraná. La inseguridad dejó de ser una percepción subjetiva para convertirse en un sistema imperante de poder, donde el crimen marca la agenda y la ciudadanía apenas resiste.
Los asaltos se suceden con una frecuencia y amplitud alarmantes. Distribuidoras irrumpidas por grupos armados con logística casi militar, cambistas interceptados por falsos policías, viviendas violentadas en plena noche, comerciantes reducidos a punta de pistola en horarios laborales, son hechos, no imaginación de opositores. Hace mucho no hay horario “seguro”, ni barrio “tranquilo”, ni actividad “menos riesgosa”.
La audacia de los delincuentes crece en proporción directa a la impotencia institucional.
Lo más grave no es solo la cantidad de hechos, sino el patrón de organización, información previa, violencia calculada y fuga sin mayores contratiempos. Eso no es improvisación. Eso es estructura criminal operando con confianza.
Cuando el delincuente actúa con confianza, es porque percibe debilidad enfrente. Debilidad moral o estructural.
La respuesta de la Policía Nacional, aunque esforzada en lo discursivo, no logra transmitir eficacia real. Patrulleras que aparecen después del hecho, operativos que duran horas y comunicados que prometen investigaciones “exhaustivas” ya no alcanzan. La ciudadanía necesita resultados, no promesas.
En ese contexto, la reciente disposición de reforzar la seguridad en la mezquita de Ciudad del Este ante eventuales amenazas externas, aunque atendible desde la prevención, desnuda una contradicción preocupante, pues se activan protocolos ante hipótesis de terrorismo internacional mientras la delincuencia ordinaria actúa con absoluta naturalidad en calles y barrios. No se trata de restar importancia a posibles riesgos mayores, sino de analizar la realidad que si cuesta controlar al asaltante de esquina, ¿qué garantías reales existen frente a amenazas de mayor envergadura?
Se intenta tapar una gotera mientras el techo entero hace agua, y la ciudadanía ya está empapada por la delincuencia.
El comercio opera bajo tensión constante. Los trabajadores regresan a sus hogares con miedo. Las familias modifican rutinas. La economía informal de la seguridad privada crece, mientras la seguridad pública se diluye. Ese desequilibrio es insostenible, y no acepta excusas.
Cuando el Estado muestra sucesivamente signos de incapacidad para ejercer su función primaria de proteger la vida y los bienes, la sociedad es empujada a valerse de sí mima. La libre disposición de armas como alternativa defensiva deja de sonar descabellada. Esa idea, más que una solución, sería la certificación oficial de fracaso institucional. Sería aceptar que cada ciudadano quede librado a su suerte, aunque en la práctica es así.
No estamos ante una etapa “normal” de criminalidad urbana. Estamos ante un punto de quiebre. La reiteración de asaltos violentos, la sofisticación de las bandas y la falta de disuasión efectiva indican que la situación está fuera de los márgenes habituales.
Algo tiene que cambiar. Y rápido.
Desde el momento en que el crimen impone su ritmo, se pasa a tener un territorio dentro, o mejor, fuera del Estado.
La autoridad debe ejercer funciones constitucionales con inteligencia, coordinación y con resultados medibles. Fuera de ello, es espectáculo circense y sostenedor de la marginalidad.