Therians del Congreso

11 de febrero de 2026 3 min de lectura

Uno de los mayores males de la sociedad contemporánea no es solamente la corrupción, la mentira o el abuso de poder. Es la mala costumbre de medir esos hechos conforme a conveniencias políticas, económicas o empresariales. El problema no radica únicamente en que existan actos indebidos, sino en la manera descaradamente desigual con que son juzgados por la sociedad y los “paladines de la Justicia”. La selectividad moral se ha convertido en un hábito naturalizado, que ya ni siquiera genera vergüenza. Conglomerados mediáticos, sectores políticos y hasta ciudadanos comunes adoptan posturas radicalmente diferentes ante hechos similares, dependiendo exclusivamente de quién sea el autor. La gravedad ya no se determina por el daño causado, sino por el color partidario, la afinidad ideológica y la utilidad circunstancial.

En toda República que aspire a ser algo más que un decorado institucional, el Congreso debe constituirse en el cerebro de la nación, no en su sistema digestivo que absorbe mayormente para sí los “nutrientes” del Estado. Allí deberían procesarse ideas, no prebendas; argumentos, no impulsos. Sin embargo, la realidad de hace años demuestra que la calidad intelectual de buena parte de quienes ocupan bancas legislativas dista “años luz” de la altura que exige la responsabilidad de legislar para millones.

Cuando el nivel es bajo, las consecuencias son siempre altas.

El país necesita legisladores con formación, criterio y vocación pública real, capaces de comprender la complejidad de los problemas contemporáneos. No alcanza con la popularidad circunstancial ni con el apellido electoralmente rentable. Elaborar leyes implica interpretar la realidad social, económica y jurídica, prever impactos y asumir costos políticos. El Parlamento no es una tribuna para improvisaciones ni un club de validación partidaria que permite vida buena para sus asociados.

Asuntos delicados como la reforma de la Caja Fiscal exigen estudio serio, datos verificables y honestidad intelectual. No se trata de discursos encendidos para la galería ni de consignas repetidas desde libretos ajenos. Cada postura debe surgir del conocimiento técnico, del interés general y de la comprensión del contexto social. Cuando se legisla sin entender, se condena a generaciones enteras a pagar las consecuencias de la ignorancia. De allí la tremenda importancia de contar con diputados y senadores de buena calidad.

Por eso resulta urgente sustituir “therians”, quienes actúan por instinto político primario, guiados por manadas circunstanciales, por legisladores aptos, con auténticas actitudes patrióticas. El patriotismo no consiste en declamar la bandera, y llorar con la entonación del Himno Nacional, sino en votar pensando en quienes no están en la sala. Es saber decir no al aliado cuando el país lo exige, y decir sí al adversario cuando la razón lo respalda.

El principal problema estructural del país se encuentra en el Poder Legislativo. En la práctica se vive una suerte de dictadura parlamentaria, pues allí se aprueba, se bloquea, se condiciona y se negocia todo. El Ejecutivo administra, pero el Congreso define el margen de existencia. Ningún presidente, por capaz que sea, puede gobernar sin la venia de senadores y diputados. No se exime al Ejecutivo de sus responsabilidades, pero pretender soluciones sin mejorar el Parlamento es ignorar el epicentro del problema.

De nada sirven planes de desarrollo, reformas administrativas o modernizaciones estatales si quienes deben darles marco legal carecen de preparación, y por sobre todo compromiso. El progreso no depende solo de elegir autoridades, sino de elegir autoridades competentes.

La diferencia entre un país que avanza y uno que repite crisis no suele estar en la geografía ni en los recursos, está en la calidad de quienes redactan sus leyes.

La renovación necesaria no es generacional sino intelectual. El Congreso debe dejar de ser refugio de carreras políticas agotadas y convertirse en el espacio donde ingresen los mejores.