Proveedores de la corrupción

3 de junio de 2026 3 min de lectura

Uno de los mayores males de la sociedad contemporánea no es solamente la corrupción, la mentira o el abuso de poder. Es la mala costumbre de medir esos hechos conforme a conveniencias políticas, económicas o empresariales. El problema no radica únicamente en que existan actos indebidos, sino en la manera descaradamente desigual con que son juzgados por la sociedad y los “paladines de la Justicia”. La selectividad moral se ha convertido en un hábito naturalizado, que ya ni siquiera genera vergüenza. Conglomerados mediáticos, sectores políticos y hasta ciudadanos comunes adoptan posturas radicalmente diferentes ante hechos similares, dependiendo exclusivamente de quién sea el autor. La gravedad ya no se determina por el daño causado, sino por el color partidario, la afinidad ideológica y la utilidad circunstancial.

Cuando una calle recién inaugurada se deteriora con cualquier lluviecita, cuando una plaza remodelada ya necesita otra reparación antes de cumplir un año, o cuando una obra pública cuesta varias veces más de lo razonable, la ciudadanía suele preguntarse erróneamente quién hizo mal su trabajo. La pregunta correcta debería ser ¿cuántas manos metieron la suya antes de que el dinero llegara a la obra?

La ley permite que empresas y proveedores del Estado participen de licitaciones para prestar servicios y ejecutar proyectos destinados al bienestar colectivo. En teoría, se trata de un mecanismo transparente para seleccionar la mejor oferta y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. En la práctica termina siendo un sistema cuidadosamente manipulado para beneficiar a determinados grupos con conexiones políticas privilegiadas. No es imaginación, sino práctica común por todos, incluso por los “diferentes” creados por marketing.

Los pliegos de bases y condiciones parecen poseer una curiosa capacidad de adaptación. Cambian requisitos, se ajustan exigencias técnicas y aparecen criterios que, casualmente, terminan favoreciendo a quienes ya saben de antemano que serán los ganadores. La competencia solo existe sobre el papel, pues en la realidad, el resultado suele conocerse mucho antes de la apertura de “sobre$”.

Esta modalidad se ha convertido en una cultura profundamente arraigada. A nivel central y, especialmente, en los municipios, resulta difícil encontrar empresas que no mantengan algún tipo de vínculo con quienes administran el poder político. Las dádivas, los retornos y las comisiones ilegales dejaron hace tiempo de ser excepciones para convertirse en parte del paisaje administrativo. Se trata de una estructura donde algunos empresarios pagan para ser favorecidos y algunos políticos cobran para otorgar privilegios. Una asociación criminal perfecta entre la codicia privada y la corrupción pública.

Los porcentajes varían según el apetito de las autoridades de turno. Hay administraciones más voraces que otras, pero el mecanismo es esencialmente el mismo. Total, no es dinero propio el que está en juego.

Las consecuencias están a la vista. Municipios con presupuestos millonarios continúan exhibiendo calles destruidas, sistemas de transporte deficientes, centros de salud precarios y una infraestructura que parece estar siempre a medio terminar. El dinero existe. Lo que desaparece es gran parte de su destino original.

Por eso las obras suelen ser mediocres. No necesariamente porque las empresas carezcan de capacidad técnica, sino porque una porción significativa de los recursos debe destinarse a alimentar a los hambrientos concejales e intendentes.

Después de pagar comisiones ilegales, sobornos, favores políticos y compromisos electorales, queda menos dinero para materiales de calidad, para mano de obra competente y para una ejecución adecuada. Mientras más se roba arriba, peor queda lo que se construye abajo, es matemática simple.

El ciudadano común observa el cartel que anuncia una inversión multimillonaria y luego contempla una obra que no justifica ni remotamente semejante desembolso. Allí nace la indignación, pero también debería nacer la curiosidad. Porque detrás de cada presupuesto inflado y de cada resultado mediocre existe una explicación que rara vez figura en los informes oficiales.

Cuando la ciudadanía se pregunte por qué una obra costó tanto y vale tan poco, probablemente encontrará la respuesta en los bolsillos cada vez más abultados de quienes llegaron al poder para administrar recursos públicos y terminaron administrándolos como si fueran botín. Todos tienen nombre y apellido, y no hay perro fanático que pueda discutir realidades corruptas salidas de la sociedad autoridades bandidas – empresarios inescrupulosos.