Los privilegios de facto

27 de abril de 2026 3 min de lectura

Uno de los mayores males de la sociedad contemporánea no es solamente la corrupción, la mentira o el abuso de poder. Es la mala costumbre de medir esos hechos conforme a conveniencias políticas, económicas o empresariales. El problema no radica únicamente en que existan actos indebidos, sino en la manera descaradamente desigual con que son juzgados por la sociedad y los “paladines de la Justicia”. La selectividad moral se ha convertido en un hábito naturalizado, que ya ni siquiera genera vergüenza. Conglomerados mediáticos, sectores políticos y hasta ciudadanos comunes adoptan posturas radicalmente diferentes ante hechos similares, dependiendo exclusivamente de quién sea el autor. La gravedad ya no se determina por el daño causado, sino por el color partidario, la afinidad ideológica y la utilidad circunstancial.

De hecho, en la vida institucional existen formalidades necesarias. El protocolo, entendido como orden y respeto a la investidura, cumple una función organizativa y simbólica. Sin embargo, cuando ese marco se desvirtúa y se convierte en una herramienta para obtener ventajas personales, deja de ser tal y pasa a ser privilegio. Y lo que es peor, un privilegio totalmente inmerecido.

Hace bastante tiempo en nuestra realidad cotidiana, no resulta extraño observar cómo ciertas autoridades públicas, amparadas en sus cargos, se arrogan facultades que no les corresponden. Vehículos que sortean el tráfico como si las normas fueran optativas, controles policiales que se disuelven ante un “giroflex”, cartel de tránsito libre o la credencial exhibida con suficiencia, o disposiciones legales que se relativizan en función de quién está al volante o como pasajero.

No se trata de excepciones en casos de urgencia o asuntos de relevancias, sino una práctica que, con el tiempo, ha ido sedimentándose como una cultura tácita de permisividad.

Conviene ser claros. Las prerrogativas inherentes a la función pública existen, pero están acotadas y responden a necesidades específicas del cargo, no a la comodidad personal ni mucho menos a la impunidad. No hay en el ordenamiento jurídico carta blanca para infringir normas básicas de convivencia. Pretender lo contrario es una interpretación abusiva que erosiona el principio de igualdad ante la ley. Es inconcebible que cualquier lamebotas de autoridades municipales, o los mismos concejales se creean Presidente de la República.

El problema de fondo no es solo jurídico, sino ético. Cuando quien debe dar el ejemplo es el primero en relativizar las reglas, entonces se carece de autoridad moral y se transmite el mensaje que la ley es negociable y que el poder confiere inmunidad práctica.

De esta manera, lo incorrecto deja de percibirse como tal y pasa a ser tolerado, incluso esperado. Se instala entonces la lógica de “quién puede más”, donde la autoridad se mide por la capacidad de eludir normas y no por la responsabilidad de cumplirlas.

Esta deformación no surge de la noche a la mañana. Se alimenta de la complacencia social, del silencio institucional y de una falta de controles efectivos. También de una ciudadanía que, en ocasiones, normaliza estas conductas o incluso aspira a reproducirlas, como si el privilegio fuera una meta legítima y no una desviación. Y esta es una realidad incomoda pero real.

Romper con esta práctica requiere voluntad política para establecer límites claros, mecanismos de control que no distingan rangos, y sanciones efectivas cuando se abuse de la investidura. Pero también exige un cambio cultural profundo, a fin de que se pueda comprender que la función pública no eleva a nadie por encima de la ley, sino que lo somete a un estándar más alto, a mayor rigor.

En una república sana, la autoridad no se mide por los privilegios que ostenta, sino por la coherencia con la que respeta las normas que está llamada a hacer cumplir. Y todo lo demás, por más normal que parezca, no es protocolo, es simplemente abuso.