La categorización de derechos

25 de febrero de 2026 3 min de lectura

Uno de los mayores males de la sociedad contemporánea no es solamente la corrupción, la mentira o el abuso de poder. Es la mala costumbre de medir esos hechos conforme a conveniencias políticas, económicas o empresariales. El problema no radica únicamente en que existan actos indebidos, sino en la manera descaradamente desigual con que son juzgados por la sociedad y los “paladines de la Justicia”. La selectividad moral se ha convertido en un hábito naturalizado, que ya ni siquiera genera vergüenza. Conglomerados mediáticos, sectores políticos y hasta ciudadanos comunes adoptan posturas radicalmente diferentes ante hechos similares, dependiendo exclusivamente de quién sea el autor. La gravedad ya no se determina por el daño causado, sino por el color partidario, la afinidad ideológica y la utilidad circunstancial.

Es costumbre social para la mayor parte, incluso para instancias oficiales, relativizar el dolor cuando la víctima no encaja en el molde de lo “correcto”. Como si la dignidad humana fuese un beneficio condicionado a la buena conducta pública. Como si la vida tuviera categorías. Se impone el “lecho de Procusto” de la falsa moral para cercenar humanidades.

Quien está en situación de calle, quien padece una adicción o quien ejerce el trabajo sexual suele cargar, además de su propia circunstancia, el peso del severo juicio ajeno. Se los mira con recelo, con menosprecio o, en el mejor de los casos, con una caridad que no deja de tener un tufillo de superioridad moral. Pero pocas veces se los mira como lo que son: ciudadanos. Personas. Seres humanos con derechos y obligaciones, exactamente los mismos que invocan quienes se consideran jueces implacables del comportamiento ajeno.

El asesinato de un indigente no puede doler menos. El accidente de un drogadicto no puede importar menos. La agresión a una trabajadora sexual no puede generar menos indignación. Esto no tendría que ocurrir, sin embargo, ocurre. Se filtran frases como “algo habrá hecho”, “esa vida llevaba”, “se lo buscó”. Es la manera elegante, o cobarde, de justificar lo injustificable.

El Estado no está para administrar simpatías. Está para garantizar derechos. Y el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección frente a la violencia no admite cláusulas morales ocultas en letra chica. No depende del domicilio, del currículum ni de la aceptación social del oficio que se ejerce. En una República que se precie de tal, la protección no puede ser selectiva.

Reducir la tragedia de alguien a su condición de vulnerabilidad es una forma de deshumanización. Y la deshumanización es el paso previo a la indiferencia. Cuando aceptamos que la muerte de uno “vale menos”, estamos erosionando el fundamento mismo de la convivencia. La igualdad ante la ley y el reconocimiento de la dignidad intrínseca de toda persona no tiene selectividad, o al menos no debería.

En sociedades mínimamente racionales y empáticas, la vulnerabilidad se protege, no se castiga. La adicción no se trivializa, se aborda como problema de salud pública. La situación de calle no se romantiza ni se criminaliza, se atiende con políticas reales. El trabajo sexual no se convierte en excusa para la violencia. Todo lo demás es hipocresía con disfraz de virtud que en la mayoría de las veces ni siquiera es factible ocultar.

La falsa moral suele ser ruidosa en el juicio y silenciosa en la acción. Se indigna por el “mal ejemplo” pero no por la falta de oportunidades. Señala con el dedo, pero no exige políticas públicas integrales. Y en esa comodidad, olvida que nadie está a salvo de la fragilidad humana, y que ese “marginal” podría ser uno mismo o un allegado.

Si aceptamos que la vida de algunos vale menos, estamos ensayando un peligroso precedente. Porque la línea que separa al “respetable” del “cuestionable” es más fina de lo que los moralistas quisieran admitir.

Sepulcros blanqueados.

La humanidad no es un premio al mérito social, es una condición inherente. Y el Estado, como garante último de derechos, debe recordarlo incluso, y sobre todo, cuando parte de la sociedad prefiere mirar hacia otro lado.