El vivo vive del…

30 de marzo de 2026 3 min de lectura

Uno de los mayores males de la sociedad contemporánea no es solamente la corrupción, la mentira o el abuso de poder. Es la mala costumbre de medir esos hechos conforme a conveniencias políticas, económicas o empresariales. El problema no radica únicamente en que existan actos indebidos, sino en la manera descaradamente desigual con que son juzgados por la sociedad y los “paladines de la Justicia”. La selectividad moral se ha convertido en un hábito naturalizado, que ya ni siquiera genera vergüenza. Conglomerados mediáticos, sectores políticos y hasta ciudadanos comunes adoptan posturas radicalmente diferentes ante hechos similares, dependiendo exclusivamente de quién sea el autor. La gravedad ya no se determina por el daño causado, sino por el color partidario, la afinidad ideológica y la utilidad circunstancial.

En cada ciclo electoral, se tiene la vigencia de una especie de patología generalizada donde los postulantes a cargos incrementan discursos renovados, promesas y una súbita vocación de servicio que, curiosamente, florece solo en temporada de urnas. Los problemas estructurales de la ciudadanía, salud, empleo, seguridad, infraestructura, pasan de ser invisibles durante años a convertirse en el eje central de campañas cuidadosamente diseñadas para seducir, conmover y, sobre todo, captar votos.

¿Qué actor político no aparece hoy con soluciones bajo el brazo, dispuesto a “gestionar” aquello que durante su anterior paso por la función pública jamás resolvió? La memoria ciudadana, sin embargo, suele ser frágil, y allí radica una de las principales ventajas de quienes apuestan al olvido como estrategia.

Pero, ¿y si el electorado decidiera invertir la ecuación? Pasar de sonso a vivo.

Aceptar ayudas, alimentos, medicamentos, atenciones médicas o incluso respaldo económico, en tiempos de campaña no debería ser motivo de confrontación moral, ni de culpa para una ciudadanía históricamente postergada. Después de todo, no se trata de dádivas caídas del cielo, sino de recursos que, en la mayoría de los casos, provienen directa o indirectamente del mismo pueblo. Negarse a recibirlas por un prurito moral mal entendido puede ser tan perjudicial como aceptar, a ciegas, comprometer el voto a cambio de ellas.

El verdadero quiebre ético no está en recibir, sino en hipotecar la conciencia. Comprometer el voto a cambio de beneficios es, sin duda, una práctica reprochable. Pero prometer, ilusionar y luego incumplir sistemáticamente, ¿en qué categoría moral encuadra? ¿No es acaso una forma más sofisticada de fraude, una estafa emocional reiterada que se ampara en la impunidad política?

Frente a esta realidad, la gente tiene en sus manos la posibilidad de aplicar el mismo modus operandi que tantos candidatos utilizan. Escuchar, recibir, observar… y luego decidir en absoluta libertad. Sin ataduras, sin culpas, sin presiones. Porque el voto, ese acto íntimo e intransferible, sigue siendo el último bastión de dignidad democrática.

Aceptar lo que en campaña se ofrece no implica rendirse ni venderse; implica, en todo caso, recuperar algo de lo que durante años fue negado. Pero elegir con conciencia, evaluar trayectorias, contrastar discursos con hechos y, si es necesario, castigar con el voto a quienes han defraudado, constituye una lección cívica que aún está pendiente de consolidarse.

Quizás ha llegado el momento de que la ciudadanía deje de ser espectadora pasiva de promesas vacías y se convierta en protagonista activa de su destino político.

Si la memoria se ejercita tanto como el derecho al voto, el resultado podría ser, finalmente, distinto.

Y entonces sí, más de un candidato descubrirá que no basta con aparecer cada cinco años con una bolsa de víveres, con abrazos fingidos y sonrisa ensayada. Al final de cuentas, los políticos ya vivieron en demasía como “vivos”. Es hora que el pueblo haga saber a sus mandatarios que de sonsos ya no tienen nada, y ese mismo al que subestimaron, dará lección que el engaño ya no deshace la decisión correcta.