El fracaso del control

2 de julio de 2026 3 min de lectura

Uno de los mayores males de la sociedad contemporánea no es solamente la corrupción, la mentira o el abuso de poder. Es la mala costumbre de medir esos hechos conforme a conveniencias políticas, económicas o empresariales. El problema no radica únicamente en que existan actos indebidos, sino en la manera descaradamente desigual con que son juzgados por la sociedad y los “paladines de la Justicia”. La selectividad moral se ha convertido en un hábito naturalizado, que ya ni siquiera genera vergüenza. Conglomerados mediáticos, sectores políticos y hasta ciudadanos comunes adoptan posturas radicalmente diferentes ante hechos similares, dependiendo exclusivamente de quién sea el autor. La gravedad ya no se determina por el daño causado, sino por el color partidario, la afinidad ideológica y la utilidad circunstancial.

Cuando lo indebido se hace costumbre, la sociedad empieza a perder una de sus bases fundamentales que es el respeto por las normas que permiten la convivencia. La ausencia de límites no representa libertad, sino una deformación donde unos pocos imponen sus caprichos sobre la tranquilidad y los derechos de la mayoría.

El descontrol no aparece de manera espontánea; nace de la permisividad, de la falta de autoridad y de la idea equivocada de que todo puede hacerse sin asumir consecuencias.

El Alto Paraná ofrece ejemplos preocupantes de esta realidad, y especialmente zonas de Ciudad del Este y Presidente Franco reflejan una sensación de anarquía.

Jóvenes y no tan jóvenes convierten espacios públicos y barrios enteros en escenarios de excesos, con ruidos insoportables, competencias clandestinas de velocidad, las conocidas “picadas” y todo tipo de conductas alejadas de las reglas mínimas de buena convivencia. Para peor de males, estas molestias ya no quedan encerradas dentro de un límite municipal, sino que trascienden incluso la frontera, proyectando una imagen de desorden que afecta a toda la región.

Si existe una verdadera tierra de nadie, es porque quienes tienen la obligación de establecer el orden han permitido que esa realidad se consolide. Una autoridad que observa, tolera o actúa solamente cuando la presión social aumenta, termina siendo parte del problema. Cuando las molestias son evidentes, repetidas y conocidas por todos, resulta injustificable que quienes deben intervenir sigan buscando explicaciones en lugar de aplicar las normas.

Una sociedad funciona porque existe un contrato social, una aceptación colectiva de que los derechos individuales terminan donde empiezan los derechos de los demás. El ruido excesivo, la imprudencia al volante, el desprecio por las reglas y la ocupación abusiva de espacios comunes no son simples travesuras ni expresiones de una mal entendida juventud; son señales claras de deterioro social que, si no se corrigen, terminan generando conflictos mayores.

Las leyes no pueden ser decorativas ni aplicarse según conveniencias. Deben alcanzar a todos por igual, porque la impunidad selectiva es una invitación permanente al abuso. Molestar no puede ser considerado diversión para nadie.

Resulta inadmisible que grupos reducidos, amparados en la falta de control, alteren la vida de miles de personas que cumplen con sus obligaciones y respetan las normas.

El problema no es solamente el ruido de una motocicleta o una noche de excesos; el verdadero problema es la aceptación progresiva del desorden como parte de la normalidad, que se encamina a la anarquía.

Cuando una comunidad permite que quienes incumplen las reglas tengan más espacio que quienes las respetan, se confirma que el abuso tiene premio y la responsabilidad es castigada. Recuperar el orden no es una cuestión de rigidez, sino de proteger la convivencia y el derecho de la mayoría a vivir en paz. Si el control no es para proteger derechos de todos, entonces no sirve.