Apoyos alquilados

31 de marzo de 2026 3 min de lectura

Uno de los mayores males de la sociedad contemporánea no es solamente la corrupción, la mentira o el abuso de poder. Es la mala costumbre de medir esos hechos conforme a conveniencias políticas, económicas o empresariales. El problema no radica únicamente en que existan actos indebidos, sino en la manera descaradamente desigual con que son juzgados por la sociedad y los “paladines de la Justicia”. La selectividad moral se ha convertido en un hábito naturalizado, que ya ni siquiera genera vergüenza. Conglomerados mediáticos, sectores políticos y hasta ciudadanos comunes adoptan posturas radicalmente diferentes ante hechos similares, dependiendo exclusivamente de quién sea el autor. La gravedad ya no se determina por el daño causado, sino por el color partidario, la afinidad ideológica y la utilidad circunstancial.

La política local vuelve a exhibir uno de sus vicios más arraigados y vergonzosos donde, pese a discursos de alta ética y moral, la utilización de cargos públicos, contratos y espacios de poder como moneda de cambio para comprar adhesiones es la principal herramienta electoral.

Los discursos hablan de “convencimiento”, de “coincidencias ideológicas”, de “proyectos de ciudad” o de “liderazgos sólidos”. Pero detrás de esos eufemismos, lo que verdaderamente opera es la vieja práctica de la prebenda.

Tanto sectores oficialistas municipales como partidarios parecen haber llegado a la misma conclusión, de que no importa convencer con propuestas, basta con seducir con cargos. Por un lado, desde el espacio municipal bajo mando prietista se multiplican los ofrecimientos de puestos, contratos y promesas de permanencia en la comuna para asegurar respaldos de liberales y colorados. Por el otro, desde el oficialismo colorado se recurre a la utilización de espacios dependientes del Gobierno Nacional para captar dirigentes, operadores y referentes barriales.

No existe en estos movimientos una búsqueda genuina de construir consensos sobre ideas, valores o programas. Lo único que se pretende es conservar espacios de poder o conquistar otros nuevos, sin importar demasiado el costo ético, moral e institucional.

Y cuando se habla de costos, hay que aclararlo con firmeza que no se trata de dinero que sale del bolsillo de los candidatos ni de los dirigentes. Son recursos públicos. Es el dinero del contribuyente el que termina financiando estructuras políticas, operadores, favores y lealtades alquiladas.

Allí radica una de las peores deformaciones de la función pública. El Estado deja de ser una herramienta al servicio de la ciudadanía para convertirse en una agencia de empleos partidarios, donde cada cargo tiene un precio político y cada salario se transforma en una inversión electoral.

No existe posibilidad de creer en un cambio real. Quienes hoy prometen transparencia, renovación, una gestión distinta, son muchas veces los mismos que negocian apoyos con la billetera ajena. Se presentan como salvadores, pero actúan con los mismos métodos de siempre.

Mentirosos cuando hablan de principios. Manipuladores cuando intentan disfrazar acuerdos de conveniencia como supuestas coincidencias ideológicas. Ladrones, en términos morales, cuando utilizan recursos públicos para fines particulares.

No puede construirse una ciudad distinta con dirigentes que entienden la política como una simple disputa de cajas, cargos y beneficios. Tampoco puede pedirse confianza ciudadana cuando las alianzas se forman alrededor de quién ofrece más, y no de quién representa mejor.

El drama no es solamente que existan políticos dispuestos a comprar apoyos. El drama mayor es que hay demasiados sectores dispuestos a venderlos.

Mientras la prebenda siga siendo el idioma común de la política, será imposible hablar seriamente de transformación.