En Ciudad del Este, y en la práctica en todo el país, la inseguridad dejó de ser una sensación para convertirse en costumbre. El ciudadano ya no pregunta si algo ocurrirá, sino cuándo y en qué esquina. Y en esa normalización del temor hay un agravante particularmente corrosivo, donde el delito no siempre se esconde de la autoridad; a veces, o mejor, muchas veces, viste su mismo uniforme.
Cada tanto irrumpe un escándalo que, por unos días, sacude la modorra institucional. Jefes, subjefes y agentes quedan expuestos como cómplices, cuando no protagonistas, de hechos delictivos. El caso de la subcomisaría 1ra de CDE y el episodio en la propia Jefatura de Policía, donde un vehículo incautado terminó desmantelado por quienes debían custodiarlo, no constituyen anomalías, sino son síntomas de una enfermedad crónica. La diferencia entre delincuencia común y delincuencia institucionalizada es únicamente la jerarquía administrativa.
El discurso oficial suele reaccionar con el reflejo burocrático de siempre, acrecentando la impunidad como acción que engorda al crimine. Traslados, rotaciones, cambios de guardia, nuevos nombres en viejas oficinas, no solucionan el problema.
La geografía no resuelve la moral. Se mueve al funcionario pero no se toca al sistema que lo permitió. El resultado es que la inseguridad permanece intacta, sólo cambia de escritorio.
Combatir el crimen con criminales es un ejercicio de cinismo estructural. La autoridad pierde su esencia cuando el ciudadano debe cuidarse tanto del ladrón como del patrullero. La confianza pública, esa materia prima indispensable para la seguridad, se evapora rápidamente cuando la institución encargada de proteger se vuelve un riesgo adicional. Entonces la denuncia desaparece, la cooperación muere y la impunidad florece.
Se insiste en aumentar controles al ciudadano, en exigir papeles, cascos, registros, inspecciones y verificaciones. Sin embargo, la institución raramente aplica sobre sí misma la severidad que exige. El problema no es la falta de reglamentos; es la ausencia de consecuencias reales. El agente corrupto sabe que, en el peor de los casos, será trasladado. Y el traslado no es castigo sino es reciclaje.
La ciudadanía está cansada. No del uniforme, sino de su degradación. No de la autoridad, sino de su simulacro.
Cuando la ley depende de la honestidad individual y no de un sistema que sancione sin excepciones, la seguridad se convierte en una ficción.
La solución no pasa por inaugurar puestos policiales ni por reorganizar comisarías como si fueran muebles. La delincuencia con uniforme no se combate con logística, sino con depuración.
Sin investigaciones independientes, sanciones efectivas y expulsiones definitivas, toda política de seguridad es chiste.
Una sociedad puede tolerar muchas falencias del Estado, pero no la traición de quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Cuando el protector se vuelve amenaza, el ciudadano queda solo. Y una ciudad donde cada persona debe cuidarse por sí misma no tiene policía, tiene actores armados representando autoridad.
La seguridad pública no se recuperará patrullando más, sino depurando mejor.