Cada 26 de junio, en el mundo se recuerda el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una fecha que es recordatorio de desafíos presentes para hacer frente a este flagelo que en nuestro país, ha calado hondo en distintas capas de la sociedad, con consecuencias devastadoras tanto en lo humano como en lo institucional.
Paraguay dejó de ser hace tiempo un simple país meramente de tránsito, para convertirse en este tiempo en gran productor, consumidor y víctima.
Las rutas del narcotráfico han penetrado hasta los rincones más impensados del territorio, corrompiendo autoridades, aniquilando juventudes, y sembrando un miedo silencioso en comunidades enteras.
Y entre esos males, el microtráfico, que antes parecía un mal lejano o propio de grandes ciudades, hoy contamina barrios completos, escuelas públicas y privadas, espacios públicos de uso común como plazas en pequeñas y grandes localidades.
La droga no solo mata cuerpos, también destruye proyectos de vida. Adolescentes y jóvenes atrapados por el consumo desde temprana edad, familias deshechas por la adicción de un ser querido, sociedades enteras sometidas al poder de clanes criminales que dominan por la fuerza, el dinero fácil o el miedo. Y a la par, un sistema estatal débil, descoordinado y en muchos casos cómplice.
Los daños de este problema si se quieren son trasversales, pues abarcan lo social, lo económico, lo educativo, lo judicial y lo ético.
La lucha contra el narcotráfico no puede ser solo policial ni enfocarse exclusivamente en decomisos espectaculares de nulo impacto. Hace falta una política pública integral que se focalice en la prevención en serio, recuperación con dignidad, oportunidades reales para salir del círculo vicioso de la droga y del crimen.
Más allá de discursos políticos, urge colocar este tema en el centro de la agenda nacional. El combate al uso indebido y al tráfico de drogas debe dejar de ser solo una efeméride o una consigna eterna sin resultado.
Debe constituirse en obligación conjunta, desde el Estado para con la sociedad civil, de las iglesias, de las escuelas, de los medios y de cada ciudadano consciente del país que queremos dejar a las futuras generaciones.
No querer ver la realidad es como motivar su vigencia. Creer que las drogas es un asunto ajeno, es caer en la ceguera ante lo inminente. Pensar que es un asunto de estratos sociales inferiores, es de torpes.
Hoy más que nunca, la resignación y el desinterés sobre el mal no son opciones válidas.
En el mismo tenor, la complicidad de las fuerzas del orden, de los órganos jurisdiccionales y de los líderes políticos, debe recibir sanciones severas, penas que dejen un ejemplo claro y contundente.
Callar es dejar avanzar al enemigo. Combatir con seriedad las drogas es defender la vida, la justicia y el futuro de nuestros hijos.