La subcultura creada en los centros penitenciarios del país y en casi todo el mundo, que se debe vivir dentro de penales de manera similar a la experimentada en libertad, genera además de una red criminal que se impone, la creencia que se deben vulnerar las normas privativas para tener al alcance comodidades. Las cárceles no son hoteles. Al menos para los que no tienen los recursos monetarios suficientes.
Esta percepción se deriva de la disponibilidad de ciertas comodidades que no deberían estar al alcance de los privados de libertad. Un ejemplo reciente es el motín en el penal de Minga Guazú, donde los internos exigieron condiciones que muchos y las leyes consideran inapropiadas para personas que están cumpliendo condenas.
Es crucial enfatizar que, aunque los derechos humanos deben ser estrictamente respetados, la finalidad de una prisión es la rehabilitación y reinserción social de los reclusos, no su confort o contar con elementos para seguir delinquiendo.
Las condiciones carcelarias deben ser humanas y dignas, proporcionando lo necesario para la supervivencia, pero sin exceder en lujos que podrían contradecir el propósito de la pena.
Lo que sí es pertinente es que los internos deban tener acceso a alimentación adecuada, atención médica, higiene, y un entorno seguro. Estas son necesidades básicas que cualquier ser humano debe recibir, independientemente de su situación legal. La privación de libertad no debe traducirse en tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El sistema penitenciario debe centrarse en la rehabilitación de los reclusos, lo que implica programas educativos, formación laboral y apoyo psicológico. Estas actividades sí son válidas para reducir la reincidencia y facilitar la reintegración a la sociedad una vez cumplida su condena.
Las exigencias planteadas por los amotinados, han generado un debate sobre lo que es aceptable o no dentro de una prisión. Es importante distinguir entre lo que es necesario para una vida digna y lo que excede estas necesidades. Proveer comodidades excesivas sigue enviando un mensaje erróneo y generar resentimiento entre la población general, que puede percibir una injusticia en la forma en que se manejan los recursos públicos.
Para que las cárceles en Paraguay dejen de ser vistas como hospedajes de lujo por los delincuentes, es necesario implementar una reforma integral del sistema penitenciario, que integre acceso a lo esencial para una vida digna y la intolerancia a la corrupción que permite todo.
Definir claramente qué comodidades son apropiadas y necesarias, evitando excesos no es una cuestión de percepción de directores, sino obligación legal.
Es fundamental mantener un equilibrio que garantice que las cárceles cumplan su función primera, lo que no solo contribuirá a una percepción más justa del sistema penitenciario, sino que también apoyará la reinserción a una vida sin delinquir. Tener a presos de primera y segunda categoría, en base al dinero sucio que reciben los funcionarios penitenciarios y altos referentes de la justicia, es lo que perpetúa vigencias de organizaciones mafiosas que operan sin oposición pese a privaciones. Acabar con esta subcultura que normaliza lo que no corresponde, empezará por la integridad de los operadores penitenciarios y sus referentes. La honestidad y el trato digno en el ejercicio de esta delicada función, puede abrir a un panorama distinto al que se vive en las “Hilton” del país.